Mis impresiones sobre la Ley de
Minería (*)
En la Ley de Minería hay más ruido que nueces. Esta ley no está concebida para resolver los problemas sustantivos de minería, que son la carencia de inversiones, la baja producción y productividad, el agotamiento de reservas, la falta de actividad exploratoria, la proliferación de la actividades informales y de muy pequeña escala, la ausencia de control estatal sobre la minería ilegal, la desinstitucionalización y la ingobernabilidad en que está inmerso el sector minero
Henry Oporto (*)
Frente a la dimensión de estos problemas, la nueva Ley es intrascendente. Se puede anticipar que nada va a cambiar en el desolador panorama que hoy ofrece la minería, ni va a revertirse la languideciente actividad minera.
Lo que más se extraña es una verdadera política minera; una política de largo plazo, con visión estratégica y sustentación técnica y en concordancia con el interés general del país. Esta clase de política no va a encontrarse en la ley minera. La finalidad de esta norma es otra. Básicamente, lo que hay en ella es un conjunto de mecanismos administrativos y burocráticos de control y tutela estatal sobre las actividades mineras. En ese sentido, es una ley dirigista, controladora y fiscalizadora de los agentes productivos. Pero tiene poco o nada de una ley de promoción y de fomento para impulsar la industria minera y mejorar su competitividad.
...la inversión privada ha caído a niveles mínimos, y tan solo para el mantenimiento de las operaciones mineras”.
Dadas estas limitaciones de la ley minera, difícilmente ha de encontrarse medidas favorables para los sectores mineros. De hecho, la cantidad de trámites burocráticos que deberán hacer las empresas y las cooperativas para migrar sus actuales contratos a contratos administrativos, los informes periódicos que deben presentar, la verificación “en situ” de la Función Económica y Social y del interés Económico Social y otras muchas exigencias más, probablemente ha de significar para las empresas un ambiente agobiante y proclive a la corrupción.
En un contexto así, no es realista esperar una corriente de inversiones privadas en minería. Desde ya, la inversión privada ha caído a niveles mínimos, y tan solo para el mantenimiento de las operaciones mineras. Lo que no hay es inversión en nuevos proyectos y en ampliación de la capacidad productiva; mucho menos en exploración de yacimientos.
Los males de COMIBOL son tan graves, que se requiere de una cirugía mayor, partiendo de una condición básica: la autonomía de gestión empresarial y una administración profesional y de alto nivel gerencial, lo cual implica eliminar la in tromisión político-partidista y poner coto al poder de los sindicatos. Por supuesto que estas soluciones no están en la ley minera.
Todo indica que COMIBOL, lo mismo que otras instituciones estatales, seguirá siendo presa del cuoteo políticosindical y convertida en trinchera de intereses corporativos.
Contrariamente a la impresión que se ha generado de una ley muy favorable a las cooperativas, yo pienso que es exagerado afirmar eso. Lo que es cierto es que la ley mantiene un trato paternalista, asistencial y cliente lista del sector cooperativo, cuando lo que debería haber es una política de fomento al desarrollo empresarial de las cooperativas mineras, que les permita adquirir mayores capacidades técnicas, financieras y de gestión. La nueva ley pudo haber sido una gran oportunidad de avanzar en esa dirección pero no se lo ha hecho, quizás porque al poder político le conviene más un sector mayoritariamente empobrecido y siempre dispuesto a pedir ayuda del papá Estado.
Un error fatal de la ley es prohibir a las cooperativas asociarse con empresas privadas. Con ello, las cooperativas pierden la posibilidad de favorecerse del traspaso de tecnología, de conocimientos y experiencia empresarial y, desde luego, del capital necesario para trabajar los yacimientos que poseen. Pretender que la empresa minera estatal va a jugar el mismo papel que la empresa privada, asociándose a cooperativas o conformando empresas mixtas, es solo un engaño.
Con las carencias que tienen las empresas de COMIBOL en capital, tecnología, recursos humanos y gerencia, ¿qué pueden ganar las cooperativas juntándose con ellas? Al final, unas y otras están conde- nadas a hacer del “perro del hortelano”; retener recursos que no pueden trabajar.
Todo indica que COMIBOL, lo mismo que otras instituciones estatales, seguirá siendo presa del cuoteo político-sindical y convertida en trinchera de intereses corporativos”.
(*)Analista económico y director de la Fundación Pazos Kanki
