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Problemática regional
ambiental y consulta previa (*)

 

El área de acción y a quienes consultar debe estar claramente identificado previo a que el agente económico realice la consulta

 

Alvaro Ríos Roca (**)

 

Un reciente taller realizado en Lima Perú analizó a profundidad la problemática ambiental y de consulta previa en varios países de la región. A continuación presentamos algunas conclusiones a manera de resaltar mejores prácticas y tendencias. Lo anterior con el ánimo de aportar al debate regional y tratar de reducir contratos en fuerza mayor y acelerar inversiones en el sector hidrocarburos.

En su gran generalidad, los tramites ambientales y de consulta previa no radican en los Ministerios de Energía o de Hidrocarburos, sino más bien en otros Ministerios o Instituciones especializadas que defienden temas ambientales o aspectos sociales respectivamente. Radicar estos temas en el ministerio del mismo ramo que promueven la actividad es convertirlos en juez y parte.

 

 

 

...la mayoría de los países estudiados en la región tienen esta configuración de dos instituciones, una para aspectos ambientales y otra para llevar adelante la Consulta Previa

 

Para temas ambientales la práctica recomendada es crear institucionalidad dentro de los Ministerios del Medio Ambiente. En estas instituciones debe recaer toda la responsabilidad para recibir, evaluar, aprobar y dar seguimiento a “todos” los temas ambientales referidos a hidrocarburos.

 

Los agentes de ninguna manera deben ser dirigidos a otras instituciones y esta entidad debe canalizar y coordinar con otras instituciones del Estado (arqueología, etc.).

 

Finalmente, tras la decisión de la Corte Suprema “Ciudadanos unidos” en 2010, los milmillonarios empezaron a crear sus propios mecanismos políticos, al margen de los partidos. Empezaron con grandes provisiones de fondos a los candidatos políticos de su elección, y crearon sus propias campañas en los medios para atraer la opinión pública hacia sus propios puntos de vista

 

En casi la mayoría de los países estudiados, también existe una sola entidad que coordina la actividad de consulta previa, que es un tema social.

 

La empresa o agente ejecuta la consulta previa (con sus planes exploratorios definidos) en coordinación con esta institución social, que no es la institución ambiental y menos aun la institución que impulsa las actividades del sector, como es el caso de Perupetro en Perú. En Colombia, por ejemplo, es el Ministerio del Interior, a través de la dirección de consulta previa, quien realiza esta coordinación y aprueba los acuerdos llegados con las comunidades.

 

Estas dos instituciones deben contar con recursos humanos técnicos e idóneos, así como el equipamiento respectivo y los aspectos administrativos necesarios para su gestión y funcionamiento.

 

En Colombia la entidad reguladora ANH que administra las áreas y promueve la actividad exploratoria, ha entregado recursos al ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para la contratación de más de 40 funcionarios técnicos especializados que le permiten cumplir sus actividades establecidas por ley y cumplir con los plazos establecidos.

 

La consulta debe ser realizada únicamente a los pueblos originarios indígenas y las mismas deben estar claramente identificadas previamente por el Ministerio de Cultura u otra institución que de seguimiento a la consulta y tenga bajo su mando temas sociales. El área de acción y a quienes consultar debe estar claramente identificado previo a que el agente económico realice la consulta.

 

La compensación es, sin duda, uno de los objetivos de la consulta y se concluyó que es mejor tener montos-techo establecidos por Ley (que guarden relación con el proyecto o actividad) y de esta manera no estar sujeto a pedidos irracionales o negociaciones interminables. Las exigencias son cada vez mayores y muchas veces es casi imposible arribar a acuerdos y esto demora las inversiones.

 

En este marco, Ecuador ha establecido una metodología de compensación máxima, a cargo de una entidad estatal, que maneja los montos derivados de un porcentaje de las utilidades de las empresas y que están destinados a la compensación para comunidades originarias. Se está debatiendo en algunos países establecer compensaciones máximas y se recomienda que las mismas puedan darse sobre la siguiente base:

 

Un porcentaje de la inversión del proyecto en exploración, transporte y otras. Un porcentaje del monto de los hidrocarburos comercializados cuando ocurra la explotación. Estas compensaciones no serían entregadas de manera monetaria sino a través de proyectos a solicitud de las comunidades del lugar.

 

Destacar que en Ecuador se ha desarrollado un modelo informático denominado “Sistema Único de Información Ambiental” SUIA. Este modelo está implantado en la unidad especializada de la entidad ambiental donde se realiza la solicitud de todos los procesos de licencias y permisos ambientales. Este sistema está totalmente desarrollado en forma digital y permite una efectiva interface entre la empresa y la autoridad ambiental.

 

En conclusión, la mayoría de los países estudiados en la región tiene esta configuración de dos instituciones, una para aspectos ambientales y otra para llevar adelante la Consulta Previa y fijar montos-techo para las compensaciones. Es un camino que, sin duda, debe estudiarse. Lo anterior puede sin duda acelerar las inversiones que tanto necesita la región.

 

(*) Nota elavorada para ENERGIABolivia

 

(**) Actual Socio Director de Gas Energy y Drillinginfo