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En cumplimiento de las directivas europeas y sobre la base legal de la normativa española, las energías renovables han tenido en los años transcurridos en lo que va de siglo un importante desarrollo que las ha llevado a convertirse en 2013 en la principal fuente de generación eléctrica en España, al cubrir el 41% de la demanda eléctrica. Ese año el sistema eléctrico español contaba con 32.920 MW renovables instalados; de ellos, 22.900 MW correspondieron a energía eólica, 4.681 MW a fotovoltaica, 2.300 MW a termoeléctrica, 2.058 MW a minihidráulica y 984 MW a biomasa.

La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA presentó en el mes de Noviembre hace unas semanas el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España correspondiente a 2012, año en el que el sector aportó el 1% del PIB español, con una cifra de 10.563 millones de euros, y ocupó a 113.899 empleos. Asimismo, las renovables sustituyeron 68.697 GWh de generación fósil, evitaron la importación de 13,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo, ahorrando 2.429 millones de euros, y la emisión de 215,5 millones de toneladas de CO2.

A pesar de los evidentes beneficios tanto medioambientales como económicos de las renovables -que son las únicas fuentes de energías limpias y autóctonas con las que cuenta España-, la política llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, continuista con la de la última etapa del Gobierno Zapatero, ha cortado su desarrollo y pone en serio peligro un sector rentable para España.

El origen de estas políticas está en la crisis económica, que trajo consigo una importante caída de la demanda eléctrica. En el periodo 2005- 2012 la potencia eléctrica instalada se incrementó un 37,8%, mientras que la demanda de electricidad únicamente creció un 2,4%. Ello motivó que las compañías eléctricas tradicionales no pudieran integrar en el sistema eléctrico toda la generación de sus centrales de ciclos combinados de gas, desarrolladas por libre iniciativa empresarial en la última década hasta alcanzar mas de 27.000 MW, muchos de ellos innecesarios.

Para mantener sus privilegios, estas compañías iniciaron en 2009 una feroz campaña en la que vienen utilizando falacias para culpar del llamado déficit de tarifa del sistema eléctrico a las renovables, de ser caras y de subir el precio de la electricidad. El objetico era detener su desarrollo y reducir su presencia en el sistema para hacer hueco a sus infrautilizados ciclos de gas.

El déficit de tarifa es una deuda con las compañías eléctricas tradicionales al no repercutir el Gobierno en el recibo de la electricidad los costes reconocidos del sistema eléctrico. Lo que en principio podría haber sido un ajuste temporal y de una magnitud controlada, se ha convertido en el problema más urgente del sistema eléctrico –el más grave es la dependencia energética- pues el déficit total ronda ya los 30.000 millones de euros.

El objetivo del actual Gobierno nada más llegar al poder fue reducir el déficit de tarifa. Asumiendo como suyos los planteamientos de los lobbies energéticos tradicionales, identificó a las primas a las energías renovables como principales causantes del déficit de tarifa, hasta tal punto de que su primer Decreto, de enero de 2012, trajo consigo una moratoria renovable. Desde entonces, toda la legislación en materia energética aprobada por el Gobierno ha sido fruto de una permanente improvisación y ha estado encaminada a recortar los ingresos de las renovables, las grandes damnificadas de su reforma energética. Mientras, sigue sin actuar sobre el mercado eléctrico español, dominado por las grandes eléctricas, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la propia Comisión Europea, que también ha señalado a la excesiva retribución de las centrales nucleares y grandes hidráulicas como las principales causantes del déficit tarifario.

Al partir de un diagnóstico equivocado, la estrategia del Gobierno no ha solucionado el déficit, que sigue creciendo. De no haber entrado las renovables en el mercado, el déficit se habría incrementado en 5.639 millones de euros entre 2005 y 2012. En ese periodo, las renovables ahorraron 32.538 millones en el mercado eléctrico, 15.368 millones en importaciones y 3.095 millones al evitar emisiones de Co2 a la atmósfera.

La política del Gobierno contra las energías renovables ha sumido al sector en una gran inseguridad jurídica al aplicar regulación de modo retroactivo y que ha convertido a España en uno de los países con más litigios internacionales. El Gobierno español va contracorriente cuando las renovables crecen en todo el mundo y podrían ser un pilar fundamental para la recuperación económica española. Sigue actuando como Gobiernos anteriores desde la improvisación y en el corto plazo en vez de pensar en planteamientos a largo plazo, predecibles y que den certeza a su desarrollo.

(*) Nota excluvisa para la revista ENERGÍABolivia.

(**) Es el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables de España (APPA).