Con el propósito de regular y fomentar el uso de energías alternativas en el país, y contribuir al acceso universal del servicio eléctrico, especialmente en el área rural del país, el Gobierno acaba de anunciar el análisis de la Propuesta del Anteproyecto de Ley para Energías Alternativas, con la idea de incorporarlas en la expansión del servicio que de manera tradicional ha favorecido a las poblaciones urbanas.

La iniciativa fue anunciada por el viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas que, a la fecha, no había dado muestras de estar trabajando en la elaboración de políticas públicas que tuvieran que ver, precisamente, con la incorporación de las renovables en el proceso de cambio de matriz energética y, en este marco, asumir los tres desafíos más importantes en el sector eléctrico referidos a garantizar el suministro de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), la electrificación rural y la exportación de electricidad.

Se sabe que al momento el sistema eléctrico boliviano se sostiene en centrales termoeléctricas de generación que utilizan gas natural cuya capacitad alcanzaría unos 800MW frente a unas cuantas centrales hidroeléctricas que generarían la mitad de dicha potencia, por lo que la generación eléctrica en Bolivia es fundamentalmente térmica.

Por tanto, conocer esta iniciativa que pondría en ejecución lo establecido por el Artículo 379 de la Nueva Constitución Política del Estado, señalando que se debe desarrollar y promover la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente, no deja de ser una buena noticia, aunque se sabe que el sector de generación de electricidad es intensivo en capital y exige rentabilidades que hasta el momento no parecen atractivas para el sector privado. En este marco, ¿será el Estado el único inversor en generación?

Seguramente esta será una buena respuesta en el marco de la iniciativa planteada en tanto algunos expertos insisten en que tanto las empresas públicas como privadas deben obtener retornos razonables a sus inversiones para continuar con la expansión del servicio eléctrico. Sin embargo, sería razonable saber, también, qué pasó cuando la empresa privada estuvo a cargo del sector eléctrico y no se realizaron las inversiones necesarias en la expansión del SIN.
Por el momento, los análisis se han limitado a señalar que las empresas privadas requieren de seguridad jurídica para invertir en tanto las empresas públicas necesitarían acceso oportuno a recursos de inversión,  supresión de restricciones salariales que impiden procesos de contratación de personal capacitado y, entre otros requisitos, deberían estar libres de presiones políticas en la contratación de bienes y servicios.

 Un tema seguramente en agenda será la subvención al gas natural que hasta el momento sería una de las mayores limitaciones al desarrollo de las energías renovables en el país y que está exigiendo ser considerada en la nueva ley de electricidad. No hay duda que, en términos generales, se trata de una buena iniciativa justo cuando el tema de las inundaciones ha puesto de relevancia lo poco económico que resulta el transporte de diésel a departamentos como el Beni, por ejemplo, cuya matriz energética se sustenta principalmente en este combustible importado y subvencionado.

La noticia indica que el propósito de comenzar a atender las renovables en el país está relacionado con el fin de contribuir al acceso universal del servicio eléctrico, sobre todo en el área rural de Bolivia como un derecho humano en condiciones equitativas, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra y que en el análisis intervinieron, entre otros, los representantes de las Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Universidades y Colegios de Ingenieros Eléctricos, y esperamos que en esta línea, la propuesta prospere en los marcos de un adecuado análisis y una eficiente planificación.

AUTORA: 
Vesna-Marinkovic-U.-
Vesna Marinkovic U.