Se cierra así un largo conflicto tras un periodo de casi dos años desde que el Gobierno argentino decidió nacionalizar YPF a finales de abril de 2012.
El “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación”, que es como se llama el acuerdo alcanzado por Argentina y Repsol, reconoce el derecho de la compañía a percibir esos 5.000 millones de dólares como compensación y las garantías para su pago efectivo, así como el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones.
La entrada en vigor del acuerdo queda supeditada a determinadas condiciones suspensivas, entre ellas a su aprobación por la Junta General de Accionistas de Repsol y a la aprobación posterior por una ley especial sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina.

Garantías de cobro
La indemnización se abonará con el pago de una serie de títulos de deuda pública. Esos títulos se entregan a Repsol “pro solvendo” es decir la deuda de la República Argentina frente a Repsol se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos.
Como garantía adicional, Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares. El acuerdo de compensación estará protegido por el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre España y Argentina.

FUENTE: EL PAIS/TARIJA