Boletin Semanal

Suscribirse aqui

Inundaciones y vulnerabilidad

Opinión - Temas
Miércoles, 26 de Septiembre, 2012

Tiene Bolivia Políticas de Estado para prevenir desastres por efecto de las permanentes inundaciones?, ¿existen planes de manejo integral de cuencas y de gestión de contingencias?, ¿sabemos cuánto daño medioambiental producen las lluvias y desbordes en el ámbito urbano y rural?, ¿quiénes efectivamente tienen tuición, en el marco de la Ley Marco de Autonomías, para atender emergencias por efecto de inundaciones en las ciudades y el campo?, ¿estamos preparados para enfrentar este tipo de calamidades?
Por el momento solamente tenemos datos confirmados de lugares y familias afectadas permanentemente en todo el territorio nacional. 2011 terminó con un total de 32.000 familias damnificadas; a febrero de 2012, la prensa reportó más de 6.500 familias aquejadas por el desborde de ríos en cinco de los nueve departamentos de Bolivia. El pasado 19 de septiembre, las lluvias, focalizadas en la ciudad de Santa Cruz, dejaron tres personas muertas reportadas, más de 70 barrios inundados y un caos generalizado después de 9 horas de lluvia ininterrumpida en una ciudad que carece de suficientes canales de desagüe y mantiene el temor a un nuevo desborde del río Piraí.

En este marco, Bolivia es un país de elevada vulnerabilidad en materia de inundaciones y correspondería tener una política de Estado que genere planes, estrategias, actividades y tareas de prevención y gestión de estas emergencias. De esta forma, sería más fácil encarar, por ejemplo, la intromisión del hombre en las riberas de los ríos junto a la acción climática que anualmente deja saldos lamentables, especialmente en el departamento del Beni; y considerar tendencias y procesos sociales puesto que el crecimiento acelerado de la población también contribuye a agudizar y/o a generar el problema de las inundaciones.

Ciudades como La Paz y Santa Cruz ostentan un considerable crecimiento en ausencia de políticas urbanas de planificación para construcción de viviendas en zonas libres de peligro y carecen de un adecuado sistema de provisión de servicios básicos y transporte, que soporte en situaciones de desastre. Consecuentemente, en base al sistema autonómico que ha planteado el actual Gobierno, se debería aclarar las atribuciones y competencias para encarar estos procesos de planificación y construir un marco común que permita evaluar, enfrentar y reducir, a nivel nacional, los riesgos de las inundaciones para las personas, sus bienes, sus actividades económicas y el medio ambiente.

Tradicionalmente, las deficiencias del sistema hídrico en las ciudades del país y particularmente en Santa Cruz, estuvieron y están vinculadas a una defectuosa e incompleta capacidad de la red de desagües por falta de planificación y de inversiones que; junto al crecimiento demográfico, las construcciones, el pavimento y la feroz reducción de espacios verdes, limitan la absorción del agua. El panorama, en estas condiciones, es dramático y exige respuestas de conjunto y rápidas que supongan, además, una estrategia de comunicación educativa para revertir, incluso, la pésima gestión de residuos domiciliarios.

El lamentable como reciente episodio en Santa Cruz debería convertirse en una oportunidad para dejar problemas partidarios y construir una política de Estado que pueda ser el referente para la actuación institucional, independientemente del gobierno de turno y, en este marco, ayudar a prevenir escenarios de riesgo, especialmente ahora que se avecinan fuertes temporales en el marco de situaciones climáticas anunciadas.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar