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¡No hay gas!

Opinión - Temas
Miércoles, 12 de Septiembre, 2012

La puesta en marcha de las dos plantas de extracción de licuables; la de Río Grande y la del Gran Chaco, se constituyen en un buen comienzo para subsanar, parcialmente, nuestro desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), en la medida que están concebidas para separar el propano-butano, componentes del gas de garrafa. Sin embargo, su consolidación amerita una urgente y permanente atención de parte del Estado para eliminar situaciones de manejo lesivo de recursos que, no dejó de ser un problema concreto en el viejo YPFB y, al momento, continúa perjudicando la gestión de esta importante empresa estatal.
Las dos denuncias de corrupción vinculadas a la planta de Río Grande, complican el difícil abastecimiento de GLP en nuestro país, puesto que nuestra producción de gas contiene un 90% de metano, 5% de etano y apenas alrededor de un 4% de propano-butano que son, estos dos últimos, constituyentes del gas licuado de petróleo. Esto quiere decir que, como no producimos gas rico en propano-butano, hay que intensificar los esfuerzos para extraer los mismos pero, además, agilizar el cambio de matriz energética, hacia un uso intensivo del metano, en el GNV y la red de gas domiciliario para lo cual es imprescindible concluir el proyecto de redes de gas, con miras a mejorar el abastecimiento de GLP.

Por el momento, hay que importar este combustible mientras no se mejoren las condiciones para la separación de licuables, se agilice el cambio de matriz energética y, se proceda a explorar áreas tradicionales de hidrocarburos en busca de líquidos. Cualquier retardo en estas gestiones, empeorará el abastecimiento de gas para el consumo domiciliario, agudizado por situaciones de contrabando que no han podido ser adecuadamente encaradas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que tiene las atribuciones de regulación, supervisión, control y fiscalización de toda la cadena productiva donde, por supuesto, está la comercialización de este combustible, con el mandato, además, de priorizar el mercado interno.

La ANH está jugando un rol al menos inocuo en este escenario de crisis de abastecimiento de gas licuado de petróleo en el país y no debería ser justificativo la ausencia de una nueva política de hidrocarburos.

En este escenario, las colas para obtener gas de garrafa no han desaparecido y tampoco los especuladores que se las ingenian para hacerlo desaparecer del mercado e imponer precios por encima de lo estipulado, cuando consideran que es “apropiado” comercializar este combustible. Si por alguna razón advierten que es mejor no vender hoy porque mañana podrán hacerlo a un precio mayor, entonces la respuesta es un rotundo: ¡NO HAY GAS!

Esta es una situación objetiva, dramática y verificable en: la cara de las amas de casa que deben peregrinar de tienda en tienda (puesto que algunas de estas no han dejado de tener sus contactos para abastecerse de gas y sobrepreciarlo cuando lo consideran conveniente); en las agencias escasas y lejanas de distribución que lucen con las puertas cerradas; en la ausencia de camiones repartidores de gas y; también, en los conflictos que suman en el país debido a la ausencia de GLP.

La instalación de redes de gas domiciliario, en la mayoría de los departamentos, no ha superado la fase de desinformación, burocracia y partidismo político que hace más precarias, aún, las condiciones para un mayor acceso de todos los potenciales usuarios a este servicio, vinculado a lograr la soberanía energética en el país.

De acuerdo al Artículo 360 de la Constitución, el Estado, a través de sus gobiernos, tiene la atribución de definir, en forma estratégica y eficiente, la política de hidrocarburos; promover su desarrollo integral, sustentable, equitativo y garantizar la soberanía energética en el país. En este marco, están involucrados el Ministerio de Hidrocarburos, como ente normativo; YPFB, como ejecutor de la norma y; la ANH, como la entidad autárquica creada en la CPE, para controlar su cumplimiento. Los ciudadanos, solamente demandamos un mayor apego a la norma como expresión de la participación del Estado en la recuperación económica y la fiscalización de los hidrocarburos, en toda la cadena productiva.
 

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