El director Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marcelo Canseco, y el gerente Nacional de Administración y Finanzas, Edwin Aldunate, afirmaron ayer que desconocen en qué se basa el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que habría dado paso a una investigación por legitimación de ganancias ilícitas y pidieron que se les otorgue el derecho a presentar descargos.

 

En esa investigación también estaría incluido el exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, Gerson Rojas, quien guarda detención preventiva desde 2012 por presuntos hechos de corrupción.

 

En su edición de ayer, el matutino Página Siete señalaba que el fiscal Olvis Égüez declaró que “nos llegó un informe de la Unidad de Investigación Financiera a la Fiscalía departamental y  nos pasaron el instructivo para que nosotros abramos la investigación. Y se abrió (la investigación) por legitimación de ganancias ilícitas”.

 

En una conferencia  de prensa ofrecida ayer en La Paz, Canseco y Aldunate hicieron énfasis en que piden conocer el informe de la UIF para saber por qué se les investiga y que se les otorgue el derecho a la defensa.

 

Canseco reveló que tanto él como Aldunate, junto a otras 12 personas, fueron sometidas a una investigación entre 2008 y 2013 de la que resultaron eximidos porque los fiscales a cargo no encontraron ningún elemento en contra.

 

“En 2013, los que estamos aquí sentados hemos sido sujetos a una investigación a la que nos hemos presentado voluntariamente las veces que nos han llamado, (…) hemos presentado nuestros descargos, hemos presentado todo los informes de nuestros movimientos y nuestros bienes. El 13 de enero (de 2014), los fiscales de la investigación, Cándido Blanco y Rossmery Barrientos, han emitido una resolución de rechazo a las investigaciones (es decir) se ha concluido una investigación de más de un año y medio y no han encontrado ni un elemento en contra nuestra”, dijo Canseco.

 

Añadió que lo primero que hicieron fue acudir al fiscal Égüez para solicitar derecho a la defensa. “Queremos que se nos escuche y presentar nuestros descargos porque el informe al que se hace mención no lo conocemos y no sabemos qué es lo que nos están atribuyendo”, dijo.

 

Por su parte, Aldunate señaló que pidieron que el caso se traslade a La Paz y “lo primero que vamos a pedir es que se haga una auditoría forense, como en el anterior caso (la investigación a la que se refirió Canseco), un especialista que haga una auditoría de todos los procesos y todos los movimientos (que se considere) que no están muy claros”.

 

Canseco añadió que no descarta tomar una acción legal contra el medio que publicó la nota “han cometido un exceso porque han mellado la dignidad de las personas, han mellado lo más valioso (que es) la reputación y eso no se acepta en ninguna instancia”, señaló.

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