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¿Gestión gubernamental o gestión del poder?

Editorial/Opinión - Temas
Miércoles, 4 de Julio, 2012

¿Cómo es posible que en Bolivia, en pleno siglo XXI, la gente tenga que marchar kilómetros; en condiciones de total precariedad, soportar hambre, frío y hasta morir en el trayecto, para visibilizar sus demandas, recibir atención del Gobierno y, si se tiene suerte, lograr que estas sean incorporadas en la agenda pública nacional?
Esta extrema medida de presión tuvo su “cuarto de hora” durante los denominados regímenes neoliberales, cuando las grandes mayorías excluidas del país tuvieron que tomar calles y carreteras para contar al mundo que existían y; junto a ellas, demandas varias vinculadas a derechos humanos fundamentales, ignorados por siglos. Mucha gente no pudo dejar de apoyar estas marchas que, entre otras cosas, pavimentaron el terreno para la llegada del actual Gobierno al poder.

Por tanto, resulta al menos paradógico que, el propio Gobierno, permita la reedición de estas marchas por no haber instaurado, desde 2006 a la fecha, una institucionalidad estatal que elimine, de la acción ciudadana, esta forma inhumana de “demandar”.

¿Es aceptable que esta gente que, en muchos casos marcha para tener un tiempo transitorio de comida gratuita o de “trabajo”-a ese nivel de pobreza se encuentran-, deba, además, confrontar inclemencias del tiempo, la represión policial y la muerte? Independientemente de si esta marcha es orquestada por móviles políticos o no, el Gobierno está en la obligación de crear instituciones que garanticen la adecuada canalización de demandas, mediante una participación civilizada, democrática y permanente de las y los bolivianos. Una participación que no puede darse violado, simultáneamente, los derechos humanos.
El Gobierno debe institucionalizar con urgencia-insisto- espacios para la participación y la planificación de políticas de Estado, que sustituyan la vía dramática de las marchas ciudadanas, la confrontación, el conflicto y la improvisación, a la hora de demandar.

De esta forma, gobernantes y gobernados estaríamos en mejores condiciones de exigirnos racionalidad y una actitud propositiva en busca de los intereses integrales del Estado; no solamente de un grupo, de un gobierno y/o de instancias supranacionales.

El ministerio de Gobierno, por muy eficiente que resulte en apagar los incendios provocados por la tozudez de los actores en conflicto, no puede continuar siendo la única instancia para resolver problemas derivados de decisiones unilaterales como, por ejemplo, el incremento al precio de los carburantes y/o la construcción de una carretera que atraviese el TIPNIS, vinculada también al transporte de recursos naturales no renovables.

En relación a este último tema, parece racional exigir el diálogo con los directamente afectados por este proyecto de vinculación entre el océano Pacífico y el Atlántico que, en lo fundamental, no deja de ser estratégico para países como Chile y Brasil; sin embargo, es un hecho que se habría evitado aprietos si se hubiera logrado un tratamiento institucionalizado, con participación permanente, técnicos, método, tiempos y consensos, antes de la elaboración de normas o proyectos.

El Gobierno ha aprobado la vigencia del Consejo Económico y Social, una instancia meramente sectorial para resolver y/o principalmente, evitar problemas de orden laboral en el sector empresarial y; sin embargo, se resiste a incorporar, dentro de la Nueva Constitución, la figura del Consejo de Estado, vigente en muchos países como Francia, España, Cuba incluida, y que, desligado de su rol de control de constitucionalidad, podría encarar institucionalmente problemas como los mencionados.
En este marco, da la impresión de que la gestión administrativa de los intereses del Estado, por parte del actual Gobierno, ha dejado de ser tal para priorizar, solamente, la “gestión del poder”. En esta línea, el país estaría siendo el único perdedor y aunque no lo vea Evo Morales, también su propio Gobierno. ¿Habrá la posibilidad de habilitar la autocrítica gubernamental? Considero que debería ser parte fundamental del denominado proceso de cambio.

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