Después que el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya fallara contra el Estado boliviano por el caso Guaracachi, las autoridades bolivianas esperan un segundo veredicto, esta vez del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que lleva adelante el caso Quiborax, empresa minera chilena que demandó el pago de $us 146 millones por la reversión de las concesiones que poseía en el Salar de Uyuni en 2004.
Según el “informe de gestión 2013” de la Procuraduría General del Estado (PGE), los dos únicos casos que aguardan una “resolución del Tribunal Arbitral” son Guaracachi y Quiborax; en el primer caso el Comité de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi, por sus siglas en inglés) determinó el pagó de $us 28,93 millones en favor de al Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA); mientras que para el segundo caso el Ciadi debe pronunciarse.
El proceso
Según el documento oficial de la PGE, el 23 de junio de 2004 Bolivia dispuso la revocatoria de 11 concesiones mineras a través del decreto 27589 a la empresa Non Metallic Mineral SA (NMM), en el Salar de Uyuni y la ex-Superintendencia de Minas emitió las resoluciones de anulación.
El proceso se ventila desde julio de 2004 y en 2006 el Estado fue notificado con una controversia seguida por los empresarios chilenos ante el Ciadi por este caso y en 2009 se sumó un ciudadano de nombre Allan Fosk, quienes solicitaron medidas provisionales para seguir trabajando en el lugar y lograron su objetivo, por lo que el Estado recusó a el Tribunal, recusación que fue rechazada.
En 2010, Bolivia presentó las objeciones a ese tribunal, porque había dejado de pertenecer al Ciadi, pero este ente resolvió que tenía competencia sobre los casos de Quiborax y NMM, pero no sobre Allan Fosk, que no probó sus inversiones.
Bolivia también argumentó que la reversión se produjo por las graves irregularidades en la concesión, pero tampoco fue escuchada. Ahora la PGE espera la decisión del Tribunal.
El caso Guaracachi
Ayer, el presidente de los empresarios bolivianos, Daniel Sánchez, dijo que el Estado debe pagar la multa para mandar una señal hacia inversores extranjeros que pueden llegar a Bolivia y que debe cumplirse sin objeciones.
ANÁLISIS
Se puede recurrir a una revisión
Omar Valdez - Abogado
Después del fallo, Lo que le queda al Estado boliviano es recurrir en revisión ante la misma corte porque eso fallos no son inapelables, pueden ser revisados porque así lo establece la propia Corte de La Haya cuando señala que pueden ser suceptibles de revisión cuando se trata de montos de dinero y consecuentemente el Estado tiene esa vía para solicitar una revisión del fallo; porque en esa revisión se podrá establecer si son los montos que el fallo señala.
En el caso del Ciadi, es necesario recordar que la controversia fue presentada antes de que el Gobierno boliviano denunciara al mismo, por tanto la empresa recurrió a la instancia prevista en los tratados internacionales de ese entonces. Existen estos tribunales en todos los casos porque los estados de Naciones Unidas han reconocido su competencia, pero, al igual que en el anterior caso, Bolivia también puede recurrir a una revisión si el fallo es contrario
Juicios
La PGE iniciará juicios
La Procuraduría proyecta procesar a los responsables que hubieran provocado daños al Estado.
Certificado de Costas
En este mes la PGE debe presentar el certificado de costas por este juicio internacional.
Nulidad
Los asesores de la PGE también propusieron plantear la nulidad del laudo, si este fuera perjudicial al Estado.
FUENTE: EL DEBER
