Bolivia aclaró ayer que el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya estableció compensar con $us 28,9 millones más intereses solo a la británica Rurelec PLC, cifra inferior a la que inicialmente demandó. Además, analiza las acciones legales que interpondrá.

La Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró, mediante un comunicado, que el Tribunal estableció en su laudo que no procede el pago de $us 142 millones que pretendía la firma británica Rurelec por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA), realizada el 1 de mayo de 2010.

El 24 de noviembre de 2010, el Estado boliviano fue demandado con un arbitraje internacional en materia de inversiones por las compañías Rurelec PLC y su subsidiaria en Bolivia (Guaracachi América Inc. GAI).

La PGE indicó que en el transcurso del proceso Bolivia hizo uso de todos los recursos dispuestos en la ley de arbitraje internacional que invocaron los dos demandantes.

El procedimiento arbitral concluyó con la audiencia efectuada en París (Francia), del 2 al 10 de abril, resuelto mediante el laudo del 23 de enero de este año.

El procurador general del Estado, Raúl Montero Lara, informó ayer que el laudo contiene decisiones importantes para los intereses de Bolivia.

Precisó que los demandantes solicitaban una compensación de $us 142,9 millones por la nacionalización de sus acciones en EGSA más “otros prejuicios totalmente irracionales valuados con datos exagerados”.

En agosto de 2013, la PGE calificó de “exorbitante y excesivo” el pedido de Rurelec de $us 142,9 millones.

En esa línea, la PGE afirmó ayer que el Tribunal estableció que Bolivia debe pagar “como monto de compensación $us 28,9 millones más intereses solo para la firma Rurelec” y desestimó las pretensiones de la GAI.

POSICIÓN. La aclaración se dio a conocer luego de que la empresa británica Rurelec PLC informó, mediante su página web, que el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a su favor por la expropiación de sus acciones en EGSA e indicó que Bolivia debe indemnizarla con $us 41 millones.

La empresa indicó que el tribunal constituido según el Reglamento de Arbitraje de los Estados Comité de las Naciones para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) con sede en La Haya confirmó que la expropiación del 50% del paquete accionario de Rurelec en EGSA fue “una violación de sus obligaciones bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Bolivia”.

Aseguró que dicho Tribunal concluyó que dicha nacionalización “fue ilegal” y que Bolivia deberá cancelar $us 41 millones, que están divididos en dos rubros: una compensación total de $us 35,5 millones al 31 de enero de 2014 y un pago de dividendos obtenidos antes de la expropiación por $us 5,5 millones.

Además, destacó que la cantidad compensatoria es superior a 20,5 millones de libras esterlinas ($us 33,7 millones) que la empresa pagó en 2006 por adquirir la compra de acciones en Guaracachi.

“Es el primer laudo arbitral contra Bolivia otorgado por un tribunal internacional”, señala el comunicado.

La compañía añadió, además, que según el Tratado Bilateral de Inversiones y las normas del CNUDMI el “laudo es definitivo y vinculante para Bolivia y se llevará a cabo sin demora”.

Aunque Montero aseveró que “analizado al detalle el laudo se decidirá la próxima acción legal a seguir conforme a las reglas del arbitraje. En consecuencia, cualquier otra comunicación de la empresa Rurelec no está basada en datos ciertos”.

La británica expresó, empero, su confianza en que “Bolivia cumplirá con sus obligaciones hacia Rurelec y el Reino Unido”.

Más datos sobre el laudo

Decisión

La Procuraduría General del Estado informó que el Tribunal se declaró incompetente respecto a dos de las objeciones a la jurisdicción del Tribunal Arbitral planteadas por el Estado. La primera, respecto a que Bolivia tiene la facultad de ejercer el derecho de denegación de beneficios en contra de la empresa Guaracachi América Inc. y la segunda referida a que el Tribunal no tiene jurisdicción sobre los supuestos nuevos reclamos de los demandantes. Agregó que la decisión del Tribunal determinó la desestimación de si los nuevos reclamos eran domésticos.

Analistas dicen que fallo es una ‘mala noticia’

Dos analistas consideran que es “una mala noticia” que Bolivia tenga que indemnizar a la empresa británica Rurelec PCL por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA) y sugieren que el Gobierno concilie con las empresas internacionales que iniciaron arbitrajes contra el Estado.

“Es una triste noticia que el Estado boliviano tenga que compensar a la británica Rurelec por la expropiación de las acciones de Guaracachi y esperemos que este tipo de fallo no se repita porque le hace daño al país”, manifestó ayer el exministro de Hidrocarburos Guillermo Torres.

La Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró que el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya estableció una compensación por el valor de $us 28,9 millones más intereses solo a Rurelec PCL. La firma dice que la suma asciende a $us 41 millones.

La exautoridad añadió que Bolivia debe contar con un equipo jurídico de alto nivel que prepare bien los argumentos para la defensa nacional a fin de que se emitan fallos en favor del Estado en los otros procesos.

Para el exministro de Desarrollo Productivo y un experto del área  Horst Grebe, la determinación del Tribunal “es una mala noticia” para Bolivia porque demuestra que para los tribunales internacionales “algunas medidas no cumplen con las disposiciones legales” .

Añadió que la medida puede ser un reflejo “de que el Gobierno no presentó los argumentos correspondientes que convencieran a los jueces del Tribunal de la       legalidad de sus acciones”.

Empero, indicó que el Estado todavía puede interponer acciones legales contra dicho fallo.

El experto recordó que de mayo de 2006 a febrero de 2013 el Gobierno nacionalizó empresas del sector petrolero, eléctrico, minero y de telecomunicaciones. También estatizó una empresa cementera y una distribuidora de gasolina, entre otras.

Torres recomendó al Gobierno que negocie con las firmas que iniciaron demandas de arbitraje para llegar a acuerdos que favorezcan a ambas partes.

FUENTE: LA RAZON