Opinión - Temas
Miércoles, 25 de Julio, 2012

El 17 de abril de 2007 los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, suscribieron la Declaración de Margarita, en el marco de la 1era. Cumbre Energética Suramericana, comprometiéndose a considerar la integración energética de la región como una herramienta importante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza.

En este marco, decidieron “fortalecer las relaciones existentes entre los países miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones, sobre la base del uso sostenible de sus recursos y potencialidades energéticas, aprovechando así las complementariedades económicas para disminuir las asimetrías existentes en la región y avanzar hacia la unidad suramericana”.

La todavía reciente visita de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández a Bolivia, trajo a la memoria algunos de estos compromisos regionales, en torno a lo que viene a ser la “gobernanza” sostenible de los recursos energéticos en una región que no ha logrado aún, traducir la explotación y comercialización de productos primarios; como sus hidrocarburos, en procesos de desarrollo económico de largo plazo.

La selecta delegación argentina, que puso en evidencia su necesidad de contar con un abastecimiento energético seguro, probablemente en base a unas relaciones políticas que pueden influir positivamente en el precio del gas; ha planteado, implícitamente, la necesidad que tiene Bolivia, dentro de su rol de abastecedor confiable de gas, de garantizar una inversión extranjera que, más allá de la producción, también incentive la exploración.

La cita también ha actualizado la necesidad de establecer una sistematización y evaluación del balance energético suramericano con el fin de proyectar una matriz energética regional, como establece, precisamente, la Declaración de Margarita. En este marco, sería bueno saber, por ejemplo, si se están implementando iniciativas para que el desarrollo de la infraestructura energética de nuestros países, lejos de promover el libre tránsito de recursos naturales no renovables garantice, fundamentalmente, la sostenibilidad de los planes de desarrollo en la región.

Tener una clara información al respecto es de vital importancia sobre todo si reconocemos que la estabilidad económica y política de Bolivia depende, en alto grado, de la gobernanza que, como país, ejercemos sobre nuestros recursos energéticos. Consiguientemente, a propósito de pasar revista a los postulados de la Declaración de Margarita, valdría la pena evaluar de manera comunitaria, pública y participativa, nuestra dinámica de integración energética en la región para tener una adecuada lectura sobre la situación actual de nuestros relacionamientos energéticos y, de manera particular, conocer las proyecciones de las relaciones de ¿interdependencia?, entre Argentina y Bolivia, en el corto, mediano y el largo plazo.

Esta evaluación cobra mayor sentido “comunitario” sobre todo al recordar que los suscribientes acordaron que “el proceso de integración energética involucra como actores principales al Estado, a la sociedad y a las empresas del sector, de tal manera que se logre un equilibrio entre los intereses de los países, las necesidades de los pueblos y la eficiencia sectorial”.

No hay duda que los postulados son una cosa, y la realidad es otra, sin embargo, es una responsabilidad de los países signatarios de acuerdos internacionales, monitorear los mismos a efecto de construir la base de su sustentabilidad en el tiempo, sobre todo si queremos que nuestros recursos energéticos sean el punto de partida para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza.

Es de esperar que, de darse esta evaluación, la misma arroje resultados de efectiva complementariedad económica, cooperación y uso eficiente de los recursos energéticos, entre los países miembros, para disminuir las asimetrías existentes en la región y avanzar hacia la unidad regional. Por el momento, sigue vigente la urgencia de contar con una política energética nacional que nos permita encarar acertadamente nuestro rol de país abastecedor y; luego, una política energética regional, para hablar de procesos sustentables de integración energética.

Acerca del autor:
Vesna Marinkovic U.


Fuente:
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=162&pla=3&id_articulo=95680