Se trata del director jurídico y del gerente nacional de Administración y Finanzas. La indagación se basa en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras.
La Fiscalía abrió una investigación contra dos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el delito de "legitimación de ganancias ilícitas”. Esta indagación se basa en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
El informe de la UIF es sobre Marcelo Canseco, director jurídico de YPFB; Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas, y Gerson Rojas, exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, también de YPFB. Este último está con detención preventiva por presuntos hechos de corrupción.
"Nos llegó un informe de la Unidad de Investigación Financiera a la Fiscalía departamental y nos pasaron el instructivo para que nosotros abramos la investigación. Y se abrió (la investigación) por legitimación de ganancias ilícitas”, informó a Página Siete el fiscal Olvis Égüez.
Sin embargo, no quiso dar detalles del reporte de la UIF por "principio de privacidad. Los informes de la UIF gozan del principio de discrecionalidad. Es decir, es un informe de inteligencia que hace la UIF a algunas personas y ese reporte, que está plasmado en un documento, no podemos revelarlo. Goza de la confidencialidad”, sostuvo.
El juez tercero de Instrucción Cautelar de Santa Cruz declaró la pasada semana "probada” una excepción de incompetencia planteada por los investigados y determinó que el cuaderno de investigaciones sea remitido al juez natural en La Paz.
El fiscal Égüez dijo que si bien los domicilios de los investigados están en La Paz, "los elementos probatorios representaban a Santa Cruz. Es decir, las entidades financieras que iban a ser objeto de análisis de algunas operaciones sospechosas estaban en Santa Cruz”.
La autoridad del Ministerio Público anunció que esta semana analizará el caso con su colega Mabel Andrade (fiscal), aunque adelantó que la resolución de traslado del caso ya fue dictada por el juez.
Rojas, detenido en la cárcel de Palmasola, pidió el año pasado que otros funcionarios sean investigados. "El responsable de elaborar el documento base de contratación es Edwin Aldunate y el responsable de elaborar el contrato es Marcelo Canseco. Yo creo que es una obligación del Ministerio Público sentar a los que han sido responsables de contratación”, dijo entonces.
Rojas, en junio de 2012, sufrió un accidente cerca de Yapacaní. A raíz de ese hecho, se indagó la adjudicación de la planta separadora de líquidos Río Grande, aunque un año después un peritaje de la Fiscalía no halló irregularidades en la transacción.
En la caja fuerte de Rojas hallaron 90.000 dólares, por lo que la Fiscalía le abrió una causa por enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía abrió una investigación contra dos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el delito de "legitimación de ganancias ilícitas”. Esta indagación se basa en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
El informe de la UIF es sobre Marcelo Canseco, director jurídico de YPFB; Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas, y Gerson Rojas, exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, también de YPFB. Este último está con detención preventiva por presuntos hechos de corrupción.
"Nos llegó un informe de la Unidad de Investigación Financiera a la Fiscalía departamental y nos pasaron el instructivo para que nosotros abramos la investigación. Y se abrió (la investigación) por legitimación de ganancias ilícitas”, informó a Página Siete el fiscal Olvis Égüez.
Sin embargo, no quiso dar detalles del reporte de la UIF por "principio de privacidad. Los informes de la UIF gozan del principio de discrecionalidad. Es decir, es un informe de inteligencia que hace la UIF a algunas personas y ese reporte, que está plasmado en un documento, no podemos revelarlo. Goza de la confidencialidad”, sostuvo.
El juez tercero de Instrucción Cautelar de Santa Cruz declaró la pasada semana "probada” una excepción de incompetencia planteada por los investigados y determinó que el cuaderno de investigaciones sea remitido al juez natural en La Paz.
El fiscal Égüez dijo que si bien los domicilios de los investigados están en La Paz, "los elementos probatorios representaban a Santa Cruz. Es decir, las entidades financieras que iban a ser objeto de análisis de algunas operaciones sospechosas estaban en Santa Cruz”.
La autoridad del Ministerio Público anunció que esta semana analizará el caso con su colega Mabel Andrade (fiscal), aunque adelantó que la resolución de traslado del caso ya fue dictada por el juez.
Rojas, detenido en la cárcel de Palmasola, pidió el año pasado que otros funcionarios sean investigados. "El responsable de elaborar el documento base de contratación es Edwin Aldunate y el responsable de elaborar el contrato es Marcelo Canseco. Yo creo que es una obligación del Ministerio Público sentar a los que han sido responsables de contratación”, dijo entonces.
Rojas, en junio de 2012, sufrió un accidente cerca de Yapacaní. A raíz de ese hecho, se indagó la adjudicación de la planta separadora de líquidos Río Grande, aunque un año después un peritaje de la Fiscalía no halló irregularidades en la transacción.
En la caja fuerte de Rojas hallaron 90.000 dólares, por lo que la Fiscalía le abrió una causa por enriquecimiento ilícito.
El director de comunicación de YPFB dijo ayer que intentaría contactar a Marcelo Canseco con Página Siete.
Declaraciones juradas, en la mira
El fiscal del caso, Olvis Égüez, dijo que en la fase preliminar de la investigación se pretendía analizar las declaraciones juradas de los investigados Marcelo Canseco, Edwin Aldunate y Gerson Rojas; sin embargo, la decisión del juez tercero de Instrucción Cautelar deja en suspenso.
Página Siete accedió a información de la declaración jurada de Canseco, en la que se registra en 2009 un departamento en el centro de la ciudad de La Paz por un valor de 315 mil bolivianos.
Ese mismo bien inmueble, el año 2013 está registrado con un valor de 210 mil bolivianos.
En 2007 su patrimonio era de 133.158 bolivianos; en 2013 declaró 275.412 bolivianos y en enero de 2014, 308.599.
El fiscal del caso, Olvis Égüez, dijo que en la fase preliminar de la investigación se pretendía analizar las declaraciones juradas de los investigados Marcelo Canseco, Edwin Aldunate y Gerson Rojas; sin embargo, la decisión del juez tercero de Instrucción Cautelar deja en suspenso.
Página Siete accedió a información de la declaración jurada de Canseco, en la que se registra en 2009 un departamento en el centro de la ciudad de La Paz por un valor de 315 mil bolivianos.
Ese mismo bien inmueble, el año 2013 está registrado con un valor de 210 mil bolivianos.
En 2007 su patrimonio era de 133.158 bolivianos; en 2013 declaró 275.412 bolivianos y en enero de 2014, 308.599.
