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Resultado del TCP puede ser base para regalías de la Planta Gran Chaco

El resultado que emita el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en torno al pago de regalías por los líquidos que se exportan al Brasil, podría ser la base para negociar la renta petrolera que genere la Planta Separadora Gran Chaco, que se instala en la ciudad de Yacuiba.


Así lo indicó que el diputado de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, quien junto a la senadora María Elena Méndez, interpusieron un “Acción de Inconstitucionalidad Abstracta” contra el Decreto 29434, la misma que fue admitida por el TCP.

Los accionantes sostienen que el DS 29434 transgrede la Constitución Política del Estado (CPE) porque dispone de las rentas hidrocarburíferas arbitrariamente, confiscando rentas departamentales que están expresamente normadas por la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. Pero además porque se trata de un decreto dictado por el Ejecutivo, cuya cabeza es el Presidente del Estado, que solo puede disponer de los recursos económicos que le corresponden al Ejecutivo Nacional de acuerdo a ley y no de las rentas departamentales.

El diputado Oliva y la senadora Méndez señalaron que esperan, en los próximos días, que el TCP se pronuncie declarando inconstitucional la mencionada norma, reconociendo el derecho de Tarija a percibir regalías por los licuables exportados al Brasil.

“Esta Acción de Inconstitucionalidad, junto a los recursos y denuncias presentadas por Margarita y la exportación de condensados, es parte de una serie de acciones de defensa de los recursos del gas, el principal ingreso de Tarija para financiar su desarrollo”, sostuvo Oliva.

Ambos parlamentarios recordaron que Tarija ha dejado de percibir desde 2007 más de cien 100 millones de dólares por ese decreto del Gobierno. “Con esos recursos podríamos resolver el problema del abastecimiento de agua potable o construir toda la infraestructura de salud que requerimos”.

Oliva acotó que esta Acción de Inconstitucionalidad también sentaría un precedente para definir la liquidación de regalías de los licuables que separen las plantas de Río Grande y el Gran Chaco.

“Tarija vive una época dorada que acabará en unos años, debemos ser capaces de salir de la dependencia de los recursos del gas, para eso debemos invertirlos bien y sentar las bases de un desarrollo sostenible”, concluyó.

Antecedentes del decreto

El año 2008, el Gobierno emitió los Decretos 29434 y 29444 destinando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la totalidad del dinero obtenido por el pago correspondiente a los licuables contenidos en el gas natural exportado a Brasil.El TCP admitió una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad a dicho decreto que, de ser declarado inconstitucional, le permitiría a Tarija percibir alrededor de 100 millones de dólares por el pago de licuables acumulados desde la gestión 2007 a la fecha.

En febrero de 2007, Bolivia y Brasil firmaron el “Acta de Brasilia”, por la cual se acordó el pago de licuables contenidos en la corriente de gas natural que envía Bolivia a Brasil producto del contrato de compra y venta de gas suscrito entre ambos países. En diciembre de 2007, se firmó en la sede de Gobierno, un “Comunicado Conjunto” en el cual se acordó que Petrobras desembolsaría un monto situado entre 100 millones y 180 millones de dólares, por cada gestión a partir del mes de mayo 2007.

En diciembre de 2009, Petrobras y YPFB suscribieron la adenda numero 4 al Contrato de Compra y Venta de gas al Brasil GSA, “Gas Supply Agreement”, en la cual se establece la metodología y condiciones que serán aplicables al pago de licuables contenidos en el gas natural enviado al vecino país que están por encima del poder calorífico de 1000 BTU/PIE CÚBICO.

Posteriormente el Gobierno emitió los Decretos 29434 y 29444, en enero y febrero de 2008, respectivamente, destinando los recursos emergentes del pago de esos licuables en su totalidad a YPFB.

EL APUNTE

La Acción Abstracta de Inconstitucionalidad interpuesta contra el presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Ayma, en su calidad de cabeza del Órgano Ejecutivo Plurinacional y responsable directo de la norma que se impugna por su inconstitucionalidad.

La acción fue admitida por el TCP y se encuentra en oficinas de Magistrado Relator, para que se elabore la resolución. De ser declarado inconstitucional el Decreto 29434, Tarija podría recibir alrededor de 100 Millones de Dólares, por concepto de licuables correspondientes de la gestión 2007 a la fecha.

FUENTE: hidrocarburosbolivia

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