El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 29.434 que priva a Tarija de cobrar las regalías respectivas y estipuladas en la Constitución Política del Estado, sobre los pagos que Brasil hace a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la calidad del gas exportado desde los pozos tarijeños, por encima del estipulado en contrato.
Esta calidad, conocida coloquialmente como “licuables”, fue reconocida en el año 2007 en el que Brasil y Bolivia firmaron el Acta de Brasilia y supuso un pago anual de unos 100 – 150 millones de dólares (YPFB sólo informó el primer año al respecto).
El acuerdo estipulaba el pago por un sexto de esos licuables y no por la totalidad de los 32 millones de pies cúbicos de gas que se envían diariamente a Brasil, hasta que Bolivia tuviera en funcionamiento la planta separadora de Río Grande, misma que se inauguró en mayo de 2013
Los parlamentarios que remitieron la Acción de Inconstitucionalidad, Adrián Oliva y María Elena Méndez, en coordinación con el presidente cívico Waldemar Peralta, el ex constituyente Hugo Oliva y el ex asambleísta Alan Echart, informaron ayer que ya se encuentra en la oficina del magistrado relator y confían en que la misma sea favorable para el departamento. En seis años de pagos se estima una cantidad superior a los 100 millones de dólares no cancelada al departamento de Tarija.
Argumentos contra el hurto
“ En enero y Febrero de 2008, respectivamente, el Gobierno emitió los decretos 29434 y 29444 destinando los recursos emergentes del pago de licuables en su totalidad a YPFB para destinarlos a la industrialización del país lo cual está fuera de norma” explicó Oliva.
“El Decreto Supremo 29.434 transgrede la Constitución porque dispone de las rentas hidrocarburíferas arbitrariamente, confiscando rentas departamentales que están expresamente normadas por la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos, pero además al tratarse de un decreto dictado por el ejecutivo, cuya cabeza es el presidente del Estado, solo pueden disponer de los recursos económicos que le corresponden al Ejecutivo nacional de acuerdo a Ley y no así de rentas departamentales o porcentajes que corresponden a otros niveles de gobierno” señaló Peralta
Oliva espera que el pronunciamiento del TCP declare inconstitucional este decreto de modo que se reconozca el derecho de Tarija a percibir regalías por los licuables exportados al Brasil y manifestó que Tarija ha dejado de percibir desde 2007 más de cien millones de dólares por estos decretos del gobierno. “Con esta acción de inconstitucionalidad se sentaría un precedente para definir la liquidación de regalías de los licuables que separen las plantas de Río Grande y Gran Chaco”.
De igual manera, la senadora María Elena Méndez, expreso su profunda satisfacción por este hecho que demuestra que existen argumentos que respaldan las irregularidades contra Tarija, en la cual Gobierno de manera abusiva e inconstitucional le está recortando sus recursos.
El más crítico fue el presidente del Comité Cívico, Waldemar Peralta, quien señaló que la admisión a trámite ya supone “desnudar una vez más la estrategia del gobierno de arrebatarle los recursos a Tarija. El gobierno nos decía que no teníamos ningún argumento para reclamar por el pago de licuables, pero parece que una vez más la historia le dio la razón al Comité Cívico, ya que parece que los que están equivocados son los del Gobierno”, sostuvo
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, ha evitado pronunciarse al respecto de este tema al ser interpelado por la prensa tarijeña en numerosas ocasiones. Solo durante el I Congreso de Gas y Petróleo en Santa Cruz respondió a un periodista de EL NACIONAL con un escaso “hay un decreto que norma eso”.
FUENTE: EL NACIONAL/TARIJA
