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Ley minera profundizará
“sequía” de inversiones


La presente nota califica a la Ley de Minería, presentada por el Gobierno, de“confiscadora de derechos mineros” y asegura que esto acrecentará la desconfianza.


Henry Oporto (*)

Las rreacciones generadas entre los expertos y empresarios mineros, ante la promulgación de la Ley de Reversión de Derechos Mineros, son coincidentes. Se teme que su aplicación agudice la crisis de la minería boliviana y acentúe la falta de inversiones, que persiste desde hace varios años.

Son muchos los que interpretan esta ley como un paso más en el proceso de estatización y de nacionalizaciones del gobierno de Evo Morales, una política que, empero, lejos de promover el desarrollo de la minería, hasta acá solo muestra resultados adversos: estancamiento de la producción minera, sequía de inversiones, paralización de operaciones, reducción de puestos de trabajo, pérdidas económicas en las empresas de Comibol, crecimiento de la minería ilegal


Dado que ley no reconoce ninguna indemnización a los titulares de las concesiones que sean revertidas, cabe preguntarse si con ello no se están vulnerando la Disposición Transitoria 8° de la CPE, que dispone la migración de concesiones a contratos sin desconocer los derechos adquiridos.

Como es evidente en su texto, la ley tiene un destinatario concreto y único: las empresas privadas. Por la Disposición Final Tercera de la Ley, la reversión no procede para las concesiones dadas a Comibol, a las cooperativas y a operadores unipersonales.


Intentemos reflexionar con serenidad sobre el problema que aparentemente su quiere resolver: las concesiones “ociosas” y las presuntas prácticas de “engorde” y especulación en la minería.


La pregunta que las autoridades deberían hacerse es: ¿por qué existen tantas áreas inactivas en la minería? Y la respuesta es muy evidente: porque las empresas no invierten en su desarrollo, y no invierten por razones sobradamente conocidas: la inseguridad jurídica, el temor a ser estatizadas y a perder derechos adquiridos, los altos impuestos, las tomas de minas, la incertidumbre de la legislación minera, la indefinición del régimen impositivo; o sea, las condiciones adversas para la inversión y la actividad minera.

Esto es, exactamente lo contrario que ocurre en países vecinos en los que, a pesar de la caída de precios de los minerales, la actividad minera sigue floreciendo, justamente porque allí no hay los obstáculos que se dan en Bolivia, y sí más bien políticas que impulsan la actividad privada (que es la que motoriza el crecimiento minero), como la estabilidad en las reglas de juego, garantías a la inversión, protección de los derechos mineros, un régimen impositivo razonable y competitivo.

Es gracias a esas condiciones propicias que en Perú, Chile y otros países vecinos, la corriente de inversiones continúa expandiéndose. Este año 2013, Perú estima captar inversiones mineras por un monto de $us 8.500 millones (y hasta $us 32.436 millones en 7 años), con lo que podría duplicar su producción de cobre para el año 2016. Lo propio acontece en Chile, cuya producción de cobre en el primer semestre de este año alcanzó niveles históricos, superando en 5.6% la extracción del primer semestre de 2012.


Lamentablemente en el gobierno no parece entenderse la complejidad que entraña poner en operación las áreas mineras y el costo que representa. Para desarrollar un yacimiento minero es preciso hacer perforaciones de 5.000, de 10.000 o de 20.000 metros, como lo muestran los estándares internacionales.


La mayor parte de las concesiones que ahora se quiere revertir son solo aéreas mineras donde los geólogos estiman un potencial mineralógico y que, para probarlo, se debe hacer exploraciones a un costo superior de US$ 100 el metro perforado.


Hay que recordar las palabras de Glenn Kent Nolan presidente del PDAC, (la organización minera más grande del mundo con base en Canada), durante su visita a Bolivia, en mayo pasado: “de cada 1.000 prospectos, tan solo uno se convierte en mina y ello toma en promedio 10 años. También comento que con la caída de precios de los minerales, se estimaba que 600 empresas mineras junior canadienses saldrían del mercado por no existir condiciones para atraer inversionistas”.


Si tales son las dificultades que frenan la actividad minera en Bolivia, ¿qué hará el Estado apropiándose del 70% de las concesiones revertidas? Todos sabemos que Comibol, menos que nadie, está en capacidadde invertir y desarrollar proyectos mineros. Son inmensas sus ificultades para administrar bien las tres empresas a su cargo (Huanuni, Colquiri, Corocoro) y evitar pérdidas económicas. Entonces, en el mejor de los casos, lo que se está haciendo es transferir unas áreas ociosas a manos de un Estado que no podrá ponerlas en operación, tal como ya se ha visto en la situación de la revertida mina Mallku Khota. 

¿O es que el propósito real de la ley es entregar las áreas mineras revertidas a las cooperativas, como de hecho ya viene ocurriendo con los yacimientos de Comibol? Precisamente, esto es lo que dirigentes de la FSTMB han advertido. Si ello ocurre, ¿podrán las cooperativas asegurar una explotación técnicamente racional de las áreas mineras, económicamente sostenible, sin sacrificar el medio ambiente, y contribuyendo al Estado con el pago de impuestos y regalías?


El gobierno ha errado el tiro con esta ley confiscadora de derechos mineros. En lugar de remover los obstáculos a la inversión, lo que hace es sumar trabas y acrecentar la desconfianza del sector privado, que es el único que puede reactivar la minería y emprender proyectos medianos y grandes de verdadera importancia. Mientras esto no se entienda, la riqueza minera seguirá durmiendo el sueño de los justos, y el país se privará de aprovechar esta riqueza para el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de los bolivianos.

(*) Investigador de la Fundación Pazos Kanki; Coordinador del proyecto Foro Minero

Comentarios   

 
0 #1 Judson 10-03-2014 14:12
Thanks to my father who shared with me regarding this weblog, this web site is really remarkable.
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