Ciudad de México • Un grupo de representantes de más de una docena de organizaciones arrancaron una Campaña Nacional contra la minería tóxica en México que contempla desde información a la ciudadanía sobre las "consecuencias letales " que provocan a la salud hasta la recopilación de firmas que ya fueron presentadas al Senado de la República para proteger el medio ambiente, a las personas, y ponga candados a los abusos de las empresas extractoras.
En conferencia de prensa, organizaciones de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Michoacán, Puebla y Morelos informaron que ya entregaron al Senado una propuesta de ley minera surgida desde la sociedad civil. Se entregó a los senadores Layda Sansores, Iris Vianey Mendoza, Dolores Padierna y Alejandro Encinas y publicado ya en la Gaceta Parlamentaria.
La idea es que sea avalado por el mayor número de ciudadanas y ciudadanos para que sea aprobado y se aplique de inmediato para evitar mayores abusos y destrucción de las mineras.
La Campaña Nacional contra la Minería Tóxica considera acciones de denuncia de los conflictos sociales, amenazas e incluso asesinatos provocados por las empresas del ramo. Denunciaron que en el país existen cerca de 30 mil concesiones para la extracción de minerales, lo que significa que un tercio del país se encuentra bajo situación de explotación minera." Esto trae como consecuencia como el desastre del ecosistema, de pueblos, contaminación desmedida de mantos acuíferos y el rompimiento del tejido social en al menos 20 estados donde existe actividad minera".
Las organizaciones detallaron que las empresas mineras se roban el agua que pertenece a los habitantes de las poblaciones cercanas a los yacimientos; tiran sus desechos altamente tóxicos (arsénico, drenajes ácidos, metales pesados, sulfuros, cianuro, etc), a los ríos directamente o a vertederos desde los cuales se filtran a los mantos freáticos, lo que provoca enfermedades de piel, vías respiratorias, del aparato digestivo y distintos tipos de cáncer, agregaron.
Por otro lado, denunciaron el uso de bandas de sicarios por parte de las empresas mineras para reprimir violentamente a los movimientos que se oponen a las arbitrariedades que comenten esas compañías.
Tal es el caso de San José del Progreso, Oaxaca; donde la empresa Fortuna Silver Mines y el presidente municipal han ordenado a grupos violentos —incluso traídos de otros estados— el asesinato de varios ambientalistas. Durante la conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones leyeron el siguiente texto para explicar la ley minera que presentaron al Poder Legislativo: El crecimiento de la industria minera en el país y la extensión de la gran minería de tajo a cielo abierto y de tumbe y relleno han venido generando graves problemas ambientales y sociales cuya solución no puede esperar más. "Ya son demasiados los cuerpos de agua contaminados, las comunidades enfrentadas, divididas o destruidas, los compañeros asesinados o amenazados.
El marco normativo vigente fomenta y convalida esta destrucción social y ambiental". Por ello resulta urgente cambiarlo y un primer paso para ello es modificar la actual Ley Minera, hecha al modo de los empresarios y de espaldas a los pueblos.
Para ello, comunidades y organizaciones que "vivimos día a día la situación de destrucción generada por esta actividad minera depredadora, nos hemos reunido desde hace un año para construir una nueva Ley Minera que nos tome en cuenta como principales afectados por esta actividad".
Además de consulta propusieron que el Gobierno Federal no entregue concesiones para proyectos de gran minería metálica de tajo a cielo abierto y de tumbe y relleno, ni para aquellos que usen en cianuro o el mercurio en el proceso de beneficio. Tampoco se entregarán para proyectos en áreas naturales protegidas, en las inmediaciones de monumentos históricos, ni a empresas que tengan un historial de violación a los derechos humanos tanto en México como en el extranjero.
"Se cambia el régimen de concesiones y ahora se entregarán (previo otorgamiento de la licencia social) de manera separada las concesiones de exploración y las de explotación y beneficio. Las de exploración se entregarán máximo por 4 cuatro años sin derecho a ser renovadas. Las de explotación y beneficio se otorgarán por el tiempo que se especifique en el proyecto, no pudiendo éste ser mayor a 20 años prorrogables por otros 20 años más".
FUENTE
MILENIO
La idea es que sea avalado por el mayor número de ciudadanas y ciudadanos para que sea aprobado y se aplique de inmediato para evitar mayores abusos y destrucción de las mineras.
La Campaña Nacional contra la Minería Tóxica considera acciones de denuncia de los conflictos sociales, amenazas e incluso asesinatos provocados por las empresas del ramo. Denunciaron que en el país existen cerca de 30 mil concesiones para la extracción de minerales, lo que significa que un tercio del país se encuentra bajo situación de explotación minera." Esto trae como consecuencia como el desastre del ecosistema, de pueblos, contaminación desmedida de mantos acuíferos y el rompimiento del tejido social en al menos 20 estados donde existe actividad minera".
Las organizaciones detallaron que las empresas mineras se roban el agua que pertenece a los habitantes de las poblaciones cercanas a los yacimientos; tiran sus desechos altamente tóxicos (arsénico, drenajes ácidos, metales pesados, sulfuros, cianuro, etc), a los ríos directamente o a vertederos desde los cuales se filtran a los mantos freáticos, lo que provoca enfermedades de piel, vías respiratorias, del aparato digestivo y distintos tipos de cáncer, agregaron.
Por otro lado, denunciaron el uso de bandas de sicarios por parte de las empresas mineras para reprimir violentamente a los movimientos que se oponen a las arbitrariedades que comenten esas compañías.
Tal es el caso de San José del Progreso, Oaxaca; donde la empresa Fortuna Silver Mines y el presidente municipal han ordenado a grupos violentos —incluso traídos de otros estados— el asesinato de varios ambientalistas. Durante la conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones leyeron el siguiente texto para explicar la ley minera que presentaron al Poder Legislativo: El crecimiento de la industria minera en el país y la extensión de la gran minería de tajo a cielo abierto y de tumbe y relleno han venido generando graves problemas ambientales y sociales cuya solución no puede esperar más. "Ya son demasiados los cuerpos de agua contaminados, las comunidades enfrentadas, divididas o destruidas, los compañeros asesinados o amenazados.
El marco normativo vigente fomenta y convalida esta destrucción social y ambiental". Por ello resulta urgente cambiarlo y un primer paso para ello es modificar la actual Ley Minera, hecha al modo de los empresarios y de espaldas a los pueblos.
Para ello, comunidades y organizaciones que "vivimos día a día la situación de destrucción generada por esta actividad minera depredadora, nos hemos reunido desde hace un año para construir una nueva Ley Minera que nos tome en cuenta como principales afectados por esta actividad".
Además de consulta propusieron que el Gobierno Federal no entregue concesiones para proyectos de gran minería metálica de tajo a cielo abierto y de tumbe y relleno, ni para aquellos que usen en cianuro o el mercurio en el proceso de beneficio. Tampoco se entregarán para proyectos en áreas naturales protegidas, en las inmediaciones de monumentos históricos, ni a empresas que tengan un historial de violación a los derechos humanos tanto en México como en el extranjero.
"Se cambia el régimen de concesiones y ahora se entregarán (previo otorgamiento de la licencia social) de manera separada las concesiones de exploración y las de explotación y beneficio. Las de exploración se entregarán máximo por 4 cuatro años sin derecho a ser renovadas. Las de explotación y beneficio se otorgarán por el tiempo que se especifique en el proyecto, no pudiendo éste ser mayor a 20 años prorrogables por otros 20 años más".
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MILENIO
